Cáritas, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva Guinea (Oceanía) y las Islas Salomón alertaron que el aumento de actividades ilegales como la prostitución, el lavado de dinero y las drogas “continúan aumentando a medida que las operaciones de tráfico de personas extranjeras se convierte en algo dramáticamente normal”.
La Iglesia en el país declaró que quiere colaborar con las fuerzas policiales encargadas de combatir la trata de personas. Señaló que es necesario examinar el fenómeno a través de un enfoque multidisciplinario para comprender el problema, sus causas e identificar los procesos y a las personas involucradas, pues solo así será posible dar las indicaciones adecuadas.
Por su parte, Cáritas mencionó dos recomendaciones prácticas en una nota dirigida a la agencia vaticana Fides: solicitar procedimientos judiciales rápidos para los traficantes de los diversos abusos y los que se benefician de ellos en distintos niveles; y promover una mayor cooperación a nivel nacional e internacional entre redes gubernamentales, empresas, comunidades religiosas y sociedad civil para generar una mayor conciencia y defensa sobre la trata de personas.
Un informe reciente publicado por el periódico local “Post Courier” muestra que varias multinacionales extranjeras realizan actividades no previstas en sus licencias e incluso contrarias a las leyes del país, apuntó la agencia vaticana Fides.
La Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas del Departamento de Estado de EE.UU. elabora un informe anual llamado “Trafficking in persons report”, que establece un ranking de los gobiernos según sus esfuerzos para reconocer y combatir la trata de personas, dividiéndolos en cuatro niveles.
Según este informe el Gobierno de Papúa Nueva Guinea ha sido clasificado en el nivel más alto, es decir que no cumple por completo con los mínimos estándares para la eliminación de trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos al respecto.
A pesar de haber logrado avanzar en la identificación y derivación de casos de trata de personas en comparación con el 2017, el Gobierno no proporcionó ni financió servicios de protección para las víctimas. Según indica el reporte, “la aguda falta de recursos financieros y humanos dedicados a la lucha contra la trata, así como la poca conciencia entre funcionarios del gobierno y el público obstaculizaron este progreso”.
La trata de personas en Papúa Nueva Guinea (PNG) es un problema complejo debido a su variedad de formas, la naturaleza de las víctimas y los delincuentes que perpetran los abusos.
Según el mismo reporte, en los últimos cinco años los traficantes explotan a mujeres y niños en tráfico sexual, servicio doméstico y trabajo forzoso en el sector turístico, trabajo manual, trabajo ambulante y mendicidad. Además, explotan a víctimas extranjeras y nacionales, y a estas últimas también las someten a la trata en el extranjero.
Los niños de PNG siguen siendo uno de los más vulnerables en este problema, pues aproximadamente el 30% de víctimas de tráfico sexual son niños menores de 18 años, siendo algunos incluso de 10 años, explicó el Departamento de Estado de EE.UU citando a una investigación realizada por una ONG internacional años atrás.
Desde el inicio de su pontificado el Papa Francisco ha llamado a combatir la trata de personas. En abril de 2019 pidió considerar este delito “un crimen de lesa humanidad”, pues “constituye una violación injustificable de la libertad y la dignidad de las víctimas, dimensiones constitutivas del ser humano deseado y creado por Dios”.
