La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió este jueves 22 de noviembre un comunicado en el que anima a luchar contra la corrupción y a trabajar para recomponer la clase política del país.
“La corrupción enraizada en las instituciones se hace visible con la implicación de políticos y grupos de poder a nivel local, regional y nacional, desprestigiando la institucionalidad del Estado y generando un grave daño a la sociedad. ¡Esto nunca debió ocurrir ni debió permitirse que crezca! ¿Qué está pasando en nuestro país?”, señalaron los prelados en el texto titulado “Mantener viva la esperanza”, presentado hoy en rueda de prensa en la sede de la CEP.
Tras señalar que esta situación ha generado indignación y rechazo entre la población, los obispos indicaron que “no se puede tolerar más convivir con la corrupción. Por ello, urge eliminar este flagelo de forma inmediata y canalizar el rechazo de la sociedad hacia el fortalecimiento reconstructivo de las instituciones”.
Para ello se debe garantizar “el Estado constitucional de derecho y un sistema de justicia íntegro, honesto e independiente que imponga sanciones efectivas a los que sean penalmente responsables, en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso. La justicia es para todos y nadie debe eludir su responsabilidad frente a la ley”.
Los obispos dijeron que “urge la tarea de recomponer la clase política, consolidar los poderes del Estado en su independencia y autonomía; las facultades de derecho deben tender a la educación ética de la legalidad para un cambio de la cultura jurídica existente, renunciando a sus intereses particulares, oportunistas y deben velar por una vida digna y justa para todos. No existe otro camino que el de la estabilidad y fortalecimiento democrático”.
Los obispos recordaron que el 9 de diciembre los peruanos participarán en un referéndum sobre algunas reformas constitucionales que el Gobierno desea realizar, como la no reelección de congresistas, la bicameralidad (para que exista cámara de senadores y diputados), la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, y la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura.
“Recordemos que este instrumento de participación ciudadana pone en manos de todos los peruanos la oportunidad de encauzar la fuerza de un pueblo que hoy clama por un cambio radical”, señalaron.
Para concluir, los prelados citaron las palabras que el Papa Francisco pronunció en su visita al Perú en enero pasado, cuando dijo que “el alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles, de adversidad, para mantener viva la esperanza”.
La crisis política
En los últimos meses la crisis política se agudizó con el pedido de asilo por parte del expresidente Alan García Pérez, que ingresó el sábado 17 de noviembre a la residencia del embajador de Uruguay en Lima.
García espera ahora la decisión del Gobierno del presidente uruguayo, Tabaré Vásquez, en medio de algunas protestas violentas y del pedido del Estado peruano para que no se conceda el asilo.
Esta situación agravó la tensión política existente en el país debido al enfrentamiento entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra y la bancada mayoritaria del Congreso, Fuerza Popular, cuya líder, Keiko Fujimori, fue condenada a prisión preventiva por 36 meses por el presunto delito de lavado de activos.
José Domingo Pérez, el fiscal que sustentó el pedido del ministerio público para la prisión preventiva de Fujimori, también ha exigido la salida del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien algunos acusan de formar parte de una banda de crimen organizado.
Chávarry ha negado en más de una ocasión estas acusaciones y escribió en su cuenta de Twitter el 1 de noviembre que “el fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez”.
El caso Chinchero se refiere al aeropuerto que debía construirse en esa localidad del Cusco, proyecto que se paralizó en julio de 2017, cuando Vizcarra era vicepresidente y ministro de transportes y comunicaciones.
En octubre, el fiscal Chávarry pidió “ponderación” al presidente Vizcarra, indicando que tiene “46 denuncias en su contra” que “serán tramitada con el debido proceso”.
Algunos analistas afirman también que quienes piden la salida del fiscal Chávarry lo hacen para evitar que se investigue a importantes políticos, periodistas y empresarios peruanos que estarían involucrados en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción en Brasil que se extendió a distintos países de América Latina.
